Carta al Secretario de Estado, de Estados Unidos, Rex Tillerson

 6 de junio de 2017

Secretario de Estado Rex Tillerson

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

EUA

 

Estimado Sr. Secretario de Estado Tillerson,

Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes que trabajan a favor de los derechos humanos, incluyendo los derechos de mujeres, niños y niñas, adolescentes, pueblos indígenas, de la comunidad LGBTI, de los migrantes y refugiados, así como a favor de los derechos ambientales y de los trabajadores, y organizaciones humanitarias y de fe, nos dirigimos a usted con la finalidad de externar nuestra preocupación sobre los temas que se discutirán en la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica a celebrarse el 15 y 16 de junio en Miami, misma que los Estados Unidos de América (EE.UU.) está convocando con el gobierno de México con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como para instarlo a demostrar liderazgo en asegurar que los derechos humanos no asuman un lugar secundario en los acuerdos alcanzados durante la conferencia.

Este es un momento crucial para discutir los desafíos económicos, de gobernabilidad y seguridad que impulsan el desplazamiento forzado y la migración de miles de familias, individuos y niños de los países del Triángulo Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2016, los tres países tuvieron un total combinado de 14.870 homicidios, e individualmente todavía se encuentran muy por encima del mínimo identificado por las Naciones Unidas como una epidemia de violencia—con 81 asesinatos en El Salvador, 58 en Honduras y 27 en Guatemala por cada 100,000 habitantes.[i] Los países del Triángulo del Norte también tienen algunas de las tasas más altas de violencia de género y feminicidios en el mundo. Mecanismos anti-corrupción como por ejemplo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han resultado en avances importantes en la lucha contra la corrupción en ese país. Sin embargo la gran mayoría de las personas no tienen acceso a la justicia en la región y la mayoría de los delitos, incluyendo crímenes cometidos por funcionarios públicos, permanecen en la impunidad. Las familias, los individuos y los niños que huyen de esta violencia han buscado protección internacional no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países como México, donde el año pasado hubo un número récord de solicitudes de asilo, la mayoría de Centroamérica.

Una respuesta efectiva a este desplazamiento forzado y migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador requiere políticas que reconozcan y respeten el derecho de todos los individuos a solicitar asilo en los Estados Unidos y en la región y a la vez, políticas hacia el exterior respetuosas de derechos humanos que aborden las causas de origen de la migración y que tomen en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil de la región. Precisamente por estas razones nos preocupa la falta de consulta a las organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica en la preparación de esta conferencia. Cualquier política exterior de los EE.UU. hacia la región que no sea el resultado de una amplia consulta con las organizaciones de la sociedad civil ni tome en cuenta sus recomendaciones limita la posibilidad de que su implementación sea efectiva, obstaculiza la rendición de cuentas, carece de transparencia y podría tener resultados perjudiciales para las propias poblaciones locales.

Además, parecería que la conferencia se enfoca en discutir la política de los EE.UU. hacia la región únicamente desde una perspectiva económica y de seguridad, sin tomar en cuenta las necesidades de protección y los derechos humanos de las familias, los individuos y los niños de la región. Al hacerlo así, no se considera el vínculo entre las múltiples causas y las soluciones al desplazamiento forzado y la migración, incluyendo la coexistencia del derecho de las personas a buscar protección fuera de sus países de origen y sus derechos a la educación, el empleo, la seguridad y la justicia en sus hogares.

La propuesta de que sea el Departamento de Seguridad Interior de los EE.UU. quien lidere la sesión de la conferencia en temas de seguridad y que esta discusión se lleve a cabo en las instalaciones del Comando Sur de Miami envía un mensaje particularmente peligroso de que los desafíos de seguridad ciudadana y justicia se tratarán de resolver desde una perspectiva militar y de defensa, y no por el Departamento de Estado y por la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés) quienes han priorizado la asistencia para el desarrollo, el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de los sistemas de justicia. El enfoque militarizado hacia las fuerzas de seguridad pone en riesgo a los ciudadanos y no es una respuesta sostenible a largo plazo.

Los informes de derechos humanos del Departamento de Estado sobre Guatemala, Honduras y El Salvador de 2016 documentan la participación de las fuerzas armadas en crímenes como uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y corrupción.[ii] Junto con la violencia de las pandillas, las violaciones de derechos humanos cometidas por varias fuerzas de seguridad del Estado también han sido un factor que ha impulsado el desplazamiento e inseguridad en la región. Por lo tanto, la cooperación de EE.UU. hacia las policías en la región debe estar condicionada a que los gobiernos logren avances significativos en responder a estas violaciones, y la cooperación estadounidense no debe ser utilizada para apoyar la participación de las fuerzas armadas en actividades propias de la policía. La cooperación fronteriza tampoco debe ampliarse a costa de impedir que las familias, los individuos y los niños que huyen de la violencia busquen protección fuera de sus países de origen.

El impulso de la inversión del sector privado en la región en colaboración con el BID también tiene el potencial de provocar un mayor desplazamiento si no se cuentan con garantías por parte de los gobiernos de que se respetará los derechos humanos y el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas, y si no se garantiza la transparencia y rendición de cuentas para los proyectos, incluyendo garantías para proteger los derechos laborales y mitigar el impacto ambiental en los territorios. Los líderes comunitarios que han defendido sus territorios frente a la construcción de megaproyectos extractivos y de infraestructura se encuentran en riesgo por su trabajo en esta región; Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales.[iii] Asimismo, el enfoque económico en la inversión del sector privado de gran escala parece dejar a un lado la importancia de apoyar las economías inclusivas y el desarrollo sustentable, incluyendo el apoyo para los pequeños agricultores y las iniciativas comunitarias que son cruciales para el sustento de las familias en las áreas rurales.

Para contribuir a una respuesta efectiva a las causas de origen de la migración en Centroamérica, la asistencia de los Estados Unidos debería dirigirse hacia la construcción de economías sustentables e inclusivas que tengan la capacidad de reducir la desigualdad y crear oportunidades laborales para un amplio sector de la población, al igual que hacia estrategias comunitarias para la prevención de la violencia, respuestas a la violencia de género, fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia, el mejoramiento del acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos. La asistencia debe ser transparente e implementada en colaboración con un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil.

Le urgimos a demostrar su liderazgo en la discusión de los desafíos en Centroamérica durante esta conferencia, asegurando que el apoyo de los Estados Unidos a los países centroamericanos priorice la construcción de economías sustentables e inclusivas y el fortalecimiento de los derechos humanos, los esfuerzos anticorrupción, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho.

 

Atentamente:

 

Argentina

Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF)

 

Austria

Information Group on Latin America (IGLA)

 

Costa Rica

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Asociación la Red de Jóvenes sin Fronteras

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)

Costa Rica Integra (CRI)

 

Ecuador

Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador

 

El Salvador

Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos El Salvador (COFAMIDE)

COMCAVIS TRANS

Cristosal Central America

Fundehumanity

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)

IDHUCA

Servicio Social Pasionista (SSPAS)

Sínodo Luterano Salvadoreño

 

Guatemala

ACCSS. Asociación Coordinadora Comunitaria

ASDECOHUE (La Agencia de Servicio y Desarrollo Económico y social de Huehuetenango)

Asociación Acción Cultural Guatemalteca (ACG)

Asociación Pop No'j

Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo

Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Universidad Rafael Landívar

JIPIC-CONFREGUA

Médecins du Monde

Organización Desafio Juvenil

Sindicato de Trabajadores de Salud de Guatemala Filial Huehuetenango Hospital Regional "Dr. Jorge Vides Molina"

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)

 

Honduras

Asociación LGTB Arcoíris de Honduras

Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA)

Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH/SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Centro de Desarrollo Humano (CDH)

Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Comisión Cristiana de Desarrollo

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO)

Convergencia Ciudadana

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH)

OCDIH "Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras"

Red Coiproden

Red Lésbica Cattrachas

Ireland

TROCAIRE

 

México

Albergue Las Memorias A.C.

Asylum Access México (AAMX) A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC

Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.

Coordinación Diocesana de Movilidad Humana, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Estancia del Migrante González y Martínez, A.C.

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria

Hermanas Auxiliadoras de México A.R.

Institute for Women in Migration (IMUMI)

Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, A. C.

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM)

Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C.

Junta General de iglesias Cristianas Congregacionales de México A.R

La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes

Dirección de Programas de Incidencia, Programa de Asuntos Migratorios, Programa de Derechos Humanos, Clínica Jurídica para Refugiados "Alaíde Foppa", Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red Jesuita con Migrantes México

Sin Fronteras I.A.P.

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

 

Nicaragua

Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Eclesiales

CEPAD (Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominacional)

 

Suecia

DIAKONIA

 

USA

AFL-CIO

Amnesty International USA

Brian Lozano

Church World Service

CLIMASS

Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)

Durango Unido en Chicago

Evangelical Lutheran Church in America

Friends of the Earth - United States

Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and United Church of Christ 

Human Rights First

Human Rights Observation/Honduras

Ignatian Solidarity Network

Jesuit Conference of Canada and the United States

Kids in Need of Defense (KIND)

Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF)

Lutheran Immigration and Refugee Service

Mennonite Central Committee U.S. Washington Office

PBI-USA

PC (USA) Office of Public Witness

Presbyterian Church (USA)

Presbyterian Peace Fellowship

Scalabrini International Migration Network

Sisters of Mercy of the Americas - Institute Justice Team

U.S. Committee for Refugees and Immigrants

Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)

United Church of Christ, Justice and Witness Ministries

United Methodist Church, General Board of Church and Society

Washington Office on Latin America (WOLA)

Women's Refugee Commission

 

Regional

American Friends Service Committee (AFSC) (USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras)

Kino Border Initiative (USA, México) Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG) (México, Guatemala)

Oxfam (USA, El Salvador, Guatemala, Honduras)

 

 

[i] “Violencia siguió desatada en el Triángulo Norte: 14 mil 870 homicidios en 2016”, Departamento 19, Honduras, 7 de enero de 2017, http://www.departamento19.hn/index.php/elcamino/ddhh/42993-violencia-sig...

[ii] Informes sobre Derechos Humanos, Departamento de Estado de Estados Unidos, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/

[iii] Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, Informe sobre Defensores Ambientales, 2016, Ingles https://www.protecting-defenders.org/pdf.js/web/viewer.html?file=https:/...