Durante 2022 Honduras ha visto la caída de la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, y en este contexto ACI PARTICIPA continua la labor que ha venido desarrollando en el país, que va más allá de promover y defender los derechos humanos, pues su trabajo además, es procurar la protección de las personas que defienden sus derechos y los de otras personas. Esa dinámica de permanente vigilancia al quehacer de defensoras y defensores, permite que cada año, presente un recuento de los principales hechos violatorios de los derechos de estas personas como consecuencia de la labor que realizan.
El Informe Situacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos 2022, “HONDURAS: DEFENSORAS Y DEFENSORES EN RIESGO Y SIN PROTECCIÓN” de ACI PARTICIPA, se ampara en el derecho a la libertad de expresión garantizada en el Artículo 72 de la Constitución de la República y en el numeral 1 del Artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión.
El Informe contiene registros de violaciones de los derechos de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos, DDH, del primero de enero al 31 de diciembre 2022. El propósito del informe es ofrecer una visión general de la situación de los derechos humanos en el país, centrado en las violaciones de los mismos a las y los DDH, muchas de estas como respuesta a manifestaciones populares de inconformidad por el atropello de los derechos de las poblaciones. El informe va orientado a brindar información veraz a la sociedad hondureña interesada en el ejercicio de sus derechos, a la comunidad internacional y al Estado mismo, con el fin de que se atienda el tema de manera adecuada, para prevenir nuevos actos de violencia y de violaciones de los derechos humanos.
El Informe se basa en información reunida por el Equipo de ACI PARTICIPA mediante diversas actividades, encaminadas no solo al registro de hechos y denuncias, sino, a la verificación, documentación y acompañamiento a las víctimas. En esa misma mística de trabajo, se realizó el monitoreo de medios haciendo una valoración objetiva de los hechos denunciados y de la confiabilidad de las fuentes.
Inicia con un análisis de los retos que tienen que enfrentar el nuevo gobierno de la primera mujer presidenta de la república de Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento. A un año de asumir el cargo, es prematuro hablar de avances o retrocesos en la crítica situación del país, especialmente en los temas económicos y sociales. Pero esto no nos debe impedir, como miembros de la sociedad civil, de criticar de manera constructiva las malas decisiones del nuevo gobierno y de reconocer las buenas. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la violencia y la inseguridad, son problemas que se han venido profundizando en los últimos casi 13 años y que se requiere de tiempo para que se evidencien avances en su solución. El gobierno debe demostrar que realiza acciones relevantes para resolver esos problemas a fin de que la población le otorgue el margen temporal que requiere para cumplir sus promesas.
El pueblo ya no quiere oír a los voceros del gobierno hablar de los culpables del caos, quiere acciones serias que ataquen los problemas. Que cuando se hable de ellos sea porque están en los tribunales siendo juzgados o en prisión purgando su condena.
La situación de inseguridad, violencia y criminalidad prevalecientes en el país, aunque disminuyó respecto al 2021, sigue siendo problemática. La cantidad de homicidios intencionados, con 3,435 muertes violentas, la tasa de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes es seis veces mayor que el promedio mundial que es de 6.2; un total de 50 masacres (+ de 2 víctimas en un solo hecho) dejaron más de 180 muertes violentas, incluido un hijo de un expresidente de Honduras; un total de 302 mujeres fueron asesinadas en condiciones violentas durante el período, etc. Esto impactan la conciencia de la población y justifican la sensación de inseguridad permanente en ella. El gobierno decretó en el mes de diciembre, el Estado de Excepción en diferentes ciudades del país, situación que se ha extendido en tiempo y lugares, a pesar de que no hubo resultados notorios pues la comisión de tales delitos continúa con o sin Estado de Excepción. El gobierno está obligado a encontrar estrategias para atacar las raíces del problema.
Los niveles de pobreza siguen siendo alarmantes. El 73.6% de hondureños viven en la pobreza, según los datos del INE, mientras que la pobreza extrema abarca a la mitad de la población hondureña. Las causas son muchas, como la marcada desigualdad en el ingreso, la falta de oportunidades de empleo, salarios muy bajos y subempleo, economía informal, malas cosechas por falta o exceso de lluvias, los efectos de la pandemia y de los huracanes Iota y Eta.
El gobierno debe implementar políticas de generación de empleos dignos, no mediante la exoneración de impuestos y otras dispensas fiscales, sino, a través de la garantía de la inversión mediante la estructuración de un verdadero Estado de Derecho.
La garantía del ejercicio y respeto de los derechos humanos en Honduras mantuvo su precariedad durante el 2022. Las promesas de atacar las causas que mayor incidencia tienen en la generación de violaciones a los derechos humanos no han tenido la seriedad de la expectativa creada. La minería, la explotación de los bosques, represamiento de ríos, la falta de tierras de cultivo de la población campesina, el irrespeto a los derechos de los pueblos originarios, la protección real de las y de los DDH continúa en grave riesgo, y los asesinatos han aumentado en relación con el año anterior, etc.
El contexto de país sigue siendo desfavorable a pesar de las esperanzas puestas en las instituciones garantes y la nueva administración, las cifras de los asesinatos son alarmantes, más las persecuciones y criminalizaciones, sumado a esto, la falta de resolución de causas pendientes en los Tribunales de Justicia. Desde el Poder Ejecutivo se manifiestan buenas intenciones que no acaban de consolidarse, una de ellas es la declaratoria de liberar a todo el territorio hondureño de minería a cielo abierto y la promesa de proceder a la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones extractivas amañadas. Las y los DDH continúan siendo asesinados y criminalizados a pesar de contar con medidas de protección. A casi un año del cambio de gobierno se siguen esperando los resultados que el pueblo demanda.
La corrupción y la impunidad han sido un nefasto binomio que ha depredado históricamente el erario nacional, con elevados picos en períodos controlados por el Partido Nacional. Hay mucha ilusión en el pueblo con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en 2023, para terminar con la impunidad en los casos de corrupción pasados y presentes. El acceso a la justicia es un derecho humano y la falta de acceso a este derecho, mantiene en la impunidad alrededor del 95% de los casos de violaciones graves en contra de las y de los DDH. La independencia judicial es una condición sine qua non para que la justicia corresponda al término.
El equipo de monitoreo de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores en Riesgo de ACI Participa, documentó desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, un total de 453 violaciones de Derechos Humanos dirigidas hacia 289 defensoras y defensores de derechos humanos (DDH) en 16 de los 18 departamentos de Honduras. Las principales víctimas son DDH de: los bienes comunes (tierra, agua, bosques y territorio), libertad de expresión, derechos políticos y laborales, derechos de los pueblos originarios y del ambiente.
Un total de 18 defensoras y defensores de los derechos humanos fueron asesinados durante 2022 en 12 de los 18 departamentos del país, según los registros que lleva ACI PARTICIPA: 6 defendían los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (Pablo Isabel Hernández Rivera, Melvin Yobany Mejía, Alonso Salgado Caballero, Wilmer Alexis Domínguez Madrid, Marco Antonio Pineda y Santiago Chacón); 6 la tierra y el territorio (José Santos Godínez Ruíz, Marlon Feliciano Montes, Francisco Ruiz, Marco Tulio Paredes Molina, Marta Elizabeth Colindres y Mauricio Esquivel); 3 los derechos de la comunidad LGBTIQ+ (Thalía Rodríguez, Brayan Josué López Guzmán y Melissa Núñez); 2 el medioambiente (Justo Benítez Sánchez y Donaldo Rosales Meza) y 1 la libertad de expresión (Ricardo Alcides Ávila Carrasco).
El Informe hace especial mención al acoso sufrido por la comunidad de Guapinol y las y los defensores del Aguán en general, así como los grupos campesinos de Choluteca, Atlántida y Colón y los pueblos Maya Chortí, Lenca, Garífuna y Tolupán.
Tegucigalpa MDC, 03 de mayo de 2023.
¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS 4 DEFENSORES GARÍFUNAS DESAPARECIDOS!