La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, presenta su Informe Anual 2025 sobre la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras 2025, “HONDURAS: DEUDA DE SANGRE Y JUSTICIA, EL INFORME QUE YA NO DEBERÍAMOS ESCRIBIR”, amparado en el derecho a la libertad de expresión garantizar en el Artículo 72 de la Constitución de la República y en el numeral 1 del Artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión.
El Informe se basa en la información documentada, registrada y sistematizada por el equipo de investigación de la Unidad de Protección a Personas Defensoras de DDHH en Riesgo de ACI PARTICIPA, desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2025. Tiene por objetivo ofrecer una visión general de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país. Presta especial atención a la situación de las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y la población LGBTIQA+, personas defensoras de DD.HH. que enfrentaron discriminación, criminalización y violencia, así como barreras a la protección y acceso a la justicia. El Informe brinda información basada en evidencia.
Contexto de país:
El año 2025 fue el último de los cuatro años de la gestión de la primera Mujer Presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), tras casi trece años de narco-dictadura político-militar, poniendo fin a la histórica hegemonía bipartidista que ha gobernado el país. La gestión anterior trajo grandes expectativas sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos. Aunque hubo comprobada voluntad política para abordar algunos temas, la respuesta institucional fue insuficiente para alcanzar los avances esperados. El estado de excepción y suspensión de garantías constitucionales fundamentales, vigente por más de 3 años, finalizó el 26 de enero de 2026 cubriendo a 226 de los 298 municipios del país.
El 2025 fue un año electoral con dinámicas institucionales polarizadas y sumamente complejas. Por otra parte, la contienda electoral estuvo influenciada por la intervención política extranjera. Dos días antes de celebrarse las elecciones presidenciales, el 28 de noviembre de 2025, el Presidente de los Estados Unidos de América respaldó activa y públicamente al candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry «Tito» Asfura, advirtiendo que, de no ganar suspendería la asistencia financiera destinada para Honduras. Ese mismo día, el Presidente de EUA, otorgó un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión y 5 años de libertad condicional mediante sentencia dictada por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de New York, EUA, el 26 de junio de 2024. El expresidente Juan Orlando Hernández fue liberado el 01 de diciembre de 2025.
Situación de las personas defensoras de los DD.HH.:
Durante 2025, ACI PARTICIPA registró y documentó el asesinato de 15 personas defensoras, perpetrados en los departamentos de Colón (zona norte), Comayagua (zona centro), Copán (zona occidente) y Olancho (zona nororiental). De estas 15 personas defensoras asesinadas: 11 son defensoras de la tierra y el territorio (Arnulfo Díaz Hernández, Suyapa Guillen, José Luis Hernández Lobo, Douglas Alexander Pereira, Josué Esaú Aguilar Cárcamo, Ramón de Jesús Rivas Baquedano, Carlos Antonio Rivas Canales, Héctor Otoniel Hernández Castro, Roger Alexis Castillo Fuentes, Hipólito Hernández y Abel Monroy); 2 defensoras del ambiente (Juan Bautista Silva Ventura y Juan Antonio Silva Hernández); y 2 defensora de la libertad de expresión (Javier Antonio Hércules Salinas y Carlos Gilberto Aguirre). De ellas son 1 mujer y 14 hombres.
Los casos documentados evidencian patrones persistentes de violencia armada contra personas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medioambiente, en su gran mayoría. Estos hechos se desarrollan en escenarios de alta conflictividad agraria, caracterizados por disputas por la tierra, presencia de estructuras criminales, grupos armados, control territorial y economías ilegales. Uno de los elementos más alarmantes identificados en este período (2025) es que la violencia ha alcanzado a núcleos familiares completos vinculados a procesos organizativos y de defensa territorial y ambiental.
Defensa de la tierra y el territorio:
Once personas campesinas vinculadas a la defensa de la tierra y el territorio fueron asesinadas en 2025 en un contexto de persistente conflictividad agraria y escalada de violencia en el Valle del Bajo Aguán. La región del Bajo Aguán, representa un enclave geopolítico crítico, donde cientos de familias campesinas enfrentan dinámicas de extrema violencia debido a la expansión intensiva del monocultivo de palma africana. Grandes corporaciones, actores políticos y grupos vinculados al crimen organizado tienen el control territorial. Las familias campesinas que habitan el Valle enfrentan disputas por la titularidad jurídica de su territorio.
En base a datos publicados por ACI PARTICIPA, entre 2015 y 2025, un total de 35 personas campesinas vinculadas a la defensa de la tierra y el territorio fueron asesinadas en condiciones violentas. De ellas, 33 eran hombres y 2 eran mujeres. Todas estas personas campesinas pertenecían a organizaciones campesinas beneficiarias de medidas cautelares (Medida Cautelar MC-50-14) otorgadas por la Corte-IDH en 2014.
Defensa del medio ambiente:
El 11 de febrero de 2025, el Congreso Nacional aprobó el Decreto No. 7-2025 para modificar la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Decreto No.34-2015), para incluir a las personas defensoras ambientalistas, reformando los arts. 2, 5, 17 y 19, y adiciona el art. 15-A. Este Decreto fue aprobado en un solo debate en sesión legislativa y sin previa socialización, excluyendo de la discusión a las organizaciones de sociedad civil, a las comunidades de base y a las personas defensoras que arriesgan su vida en los territorios. La inserción de SERNA en la estructura del sistema de protección genera un grave conflicto de interés, ya que es la institución que evalúa, aprueba y emite Licencias de Consulta y Concesiones Extractivas (minería, represas, monocultivos) que originan las dinámicas de conflictividad, convirtiendo al Estado en juez y parte dentro de los espacios de acompañamiento a las víctimas. Mientras el Estado de Honduras continúa postergando su adhesión al Acuerdo de Escazú.
Por otro lado, las ZEDEs continuaron operando de facto a lo largo de 2025. En 2022, el Congreso las derogó por unanimidad, y en 2024 la Corte Suprema ratificó su inconstitucionalidad declarando la nulidad total desde su origen. En 2025, las ZEDEs Próspera en Roatán (Islas de la Bahía), Ciudad Morazán en Choloma (Cortés) y Orquídea en Choluteca (Choluteca) continuaron funciones apegándose al derecho internacional con demandas millonarias contra el Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Discrepancias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aunque Honduras denunció el Convenio desde febrero 2024. Tras asumir la presidencia en enero de 2026, en el mes de marzo de este mismo año, el presidente Nasry Juan Asfura firmó la reincorporación de Honduras al Convenio del CIADI.
Defensa de los derechos laborales:
La Unidad de Litigio Estratégico de ACI PARTICIPA acompañó, asesoró y representó legalmente a 1,011 personas trabajadoras en 38 casos contra 25 empresas nacionales y transnacionales. Resolviendo 29 casos en instancia administrativa, fortaleciendo la etapa de diálogo y conciliación; y 9 casos en instancia judicial, con un proceso de demanda ante los Juzgados de Letras en materia laboral en los Departamentos de acción. Un total 930 personas son trabajadoras de la agroindustria.
Asimismo, el Informe aborda la situación de vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos de los pueblos originarios, la libertad de expresión, los derechos de la población LGBTIQA+, desde una perspectiva interseccional de género.
Nuestro Informe está dedicado con profundo respeto y gratitud a la memoria del abogado Adalid Vega Calderón, quien, desde la creación de la Unidad de Protección a Personas Defensoras en Riesgo de ACI PARTICIPA en 2011, lideró con incansable compromiso el proceso de elaboración de nuestros informes anuales. Su legado, valentía y dedicación a la causa de los derechos humanos continúan guiando nuestro andar.
La memoria histórica del pueblo hondureño debe ser el pilar fundamental para la construcción de la democracia.
Tegucigalpa. M.D.C. 19 de agosto de 2026.
