NNota de prensa.

Pese a las enormes dificultades que implicaron para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las radicales medidas decretadas por el régimen de Juan Orlando Hernández, con la supuesta intención de contrarrestar el coronavirus, ACI PARTICIPA realizó la labor que ha venido desarrollando en el país, que va más allá de promover y defender los derechos humanos, pues su trabajo además, es procurar la protección de las personas que defienden sus derechos y los de otras personas. Esa dinámica de permanente vigilancia al quehacer de defensoras y defensores, permite que cada diciembre, presente un recuento de los principales hechos violatorios de los derechos de estas personas como consecuencia de la labor que realizan.

El Informe Situacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos 2020, “HONDURAS: CORRUPCIÓN, MUERTE Y DESTRUCCIÓN” de ACI PARTICIPA, se ampara en el derecho a la libertad de expresión garantizada en el Artículo 72 de la Constitución de la República y en el numeral 1 del Artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión.

El informe contiene registros de violaciones de los derechos de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos, DDH, de diciembre 2019 a noviembre 2020. El propósito del informe es ofrecer una visión general de la situación de los derechos humanos en el país, centrado en las violaciones de los mismos a las y los DDH, muchas de ellas como respuesta a manifestaciones populares de inconformidad por el atropello de los derechos de las poblaciones. El informe va orientado a brindar información veraz a la sociedad hondureña interesada en el ejercicio de sus derechos, a la comunidad internacional y al Estado mismo, a fin de que se atienda el tema de manera adecuada, para prevenir nuevos actos de violencia y de violaciones de los derechos humanos.

El informe se basa en información reunida por el Equipo de ACI PARTICIPA mediante diversas actividades encaminadas no solo al registro de hechos y denuncias, sino, a la verificación, documentación y acompañamiento a las víctimas. En esa misma mística de trabajo, se realizó el monitoreo de medios haciendo una valoración objetiva de los hechos denunciados y de la confiabilidad de las fuentes.

Inicia con una mirada a un contexto putrefacto por la corrupción y la mortandad cortesías del actual régimen, el COVID-19 y los fenómenos naturales de noviembre que destrozaron el país. Un año pródigo en desgracias para el pueblo, en el que la cancelación de garantías constitucionales mediante la declaración de estado de sitio y toques de queda, sirvieron al régimen para evitar la reacción masiva de la población enardecida, exigiendo su cabeza ante su inmoralidad al consentir el latrocinio del erario público en detrimento de la salud del pueblo

Destacan en esa mirada contextual la situación de inseguridad, violencia y criminalidad prevalecientes en el país, evidenciada por las 42 masacres perpetradas hasta el mes de noviembre con un saldo de 152 víctimas mortales, de las cuales 33 eran mujeres. La inseguridad en los centros penales, en donde el gobierno es responsable directo de la vida de las personas privadas de libertad; sin embargo, 54 reclusos/as fueron asesinadas en el período.

El alarmante incremento de la violencia hacia las mujeres, marcado por 58.688 registros oficiales de denuncias al 911, entre enero y julio 2020, la profundización de la pobreza y la miseria, con más de seis millones de personas en tal situación y que en opinión de los expertos, antes de los fenómenos de noviembre, señalaban que el año cerraría con más de 10 puntos porcentuales en el índice de la pobreza consecuencia de la pandemia. Honduras ocupa el tercer lugar entre los países más desiguales del mundo, sólo por encima de Sudáfrica y Haití.

En cuanto a la economía, pese a la pandemia mundial, las remesas de los migrantes siguen siendo la principal fuente de divisas del país. Según cifras oficiales del BCH, hasta el 5 de octubre se habían recibido $ 4, 138.4 millones por tal concepto. La deuda externa pública y privada de Honduras, según la misma fuente, al cierre de julio 2020, llegó a 10, 795,9 millones de dólares equivalente al 37% del PIB, con un crecimiento de 1, 280,3 millones de dólares en apenas 7 meses.

La situación de las y de los DDH sigue siendo sumamente grave, pues ejercer el derecho a defender derechos, siempre ha sido una actividad terriblemente peligrosa en Honduras, de manera más acentuada, a partir del golpe de Estado de junio de 2009, debido a la no implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las recibidas en el EPU del 2010 y del 2015, agravadas ahora por el nuevo Código Penal. La dinámica de violación de los derechos para las y los DDH ha continuado pese a la pandemia y se manifiesta en: estigmatizaciones, perfilamientos, vigilancias, amenazas, encarcelamientos, criminalizaciones, detenciones ilegales, procesos judiciales, secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos.

El informe da cuenta que ACI PARTICIPA documentó un total de 1,476 agresiones y ataques dirigidas hacia 279 DDH en 13 de los 18 departamentos de Honduras, incluidas las sufridas por la Directora Ejecutiva de su organización. De las 279 víctimas, 15 han sido asesinadas; 5 son lideresas y líderes indígenas defensores de la tierra, el territorio y el ambiente. Las principales víctimas son DDH de: los bienes comunes (tierra, agua, bosques y territorio), libertad de expresión, derechos políticos, derechos de los pueblos originarios y del ambiente.

Quince DDH defensoras y defensores asesinados durante el período y cuatro están en condición de desaparecidos. Entre los asesinados 4 eran ambientalistas (Marvin Damián Castro, Antonio Teruel, Aracely Zavala y Arnold Morazán), 3 periodistas (German Vallecillo, Jorge Posadas y Luís Alonzo Almendares), 2 indígenas (Efraín Martínez y Felipe Escobar), 3 garífunas (Ignacia Piota, Edwin Fernández Saravia y Antonio Bernárdez), 1 campesina (Iris Argentina Álvarez), 1 LGBTI (Scarleth Campbell) y un maestro sindicalista (Víctor Manuel Rodríguez Paz). Los desaparecidos son 4 defensores garífunas de El Triunfo de La Cruz.

El informe hace especial mención a la salida obligada de MACCIH y de María Soledad Pazo (OACNUDH), así como, el acoso de son víctimas el Padre Florentino Hernández, Pedro Canales, German Chirinos, Hedme Castro y las comunidades de Guapinol y Zacate Grande y de igual manera, los grupos campesinos de El Tulito, Cerro Escondido y Horizontes del Ayotal en Marcovia, Choluteca y la Base Campesina, Nueva Esperanza, entre los municipios de Puringla y Santa María, La Paz.

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