#AlertaDefensores
Diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, derechos humanos, grupos indígenas, mujeres, campesinos, maestros, familiares de privados de libertad y sectores afectados por violaciones a los derechos humanos de parte de los entes del Estado, entre otros, expusieron en diferentes mesas de trabajo sus quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que intervenga.
La Misión de la CIDH se encuentra en Honduras y realiza una visita “in loco” a petición del Estado de Honduras y estará hasta el próximo viernes en el país y además de reuniones con el gobierno de los grupos organizados de la sociedad civil, realiza observación en los sectores vulnerables en las cárceles, grupos indígenas y campesinos en varios lugares del país.
Sociedad Civil
Guillermo López Lone, de la Coalición Contra la Impunidad,indicó que la CIDH ha recibido las propuestas se han hecho en las diferentes mesas de trabajo de parte de las organizaciones.
“Vengo saliendo de la mesa de diálogo que corresponde a los defensores y defensoras de derechos humanos y estamos bastante satisfechos, precisamente por la apertura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recibir información”.
Agregó que a la CIDH se le ha proporcionado información en cuanto a violaciones de los derechos humanos.“Se han ilustrado con cifras bastante interesantes las situaciones más críticas que hay respecto a libertad de expresión, los atropellos que atraviesan los periodistas y los comunicadores en general y por otro lado hemos tocado la criminalización de los defensores y defensoras”.
De manera particular se ha comentado con la delegación de la CIDH, “el uso indebido del derecho penal, los tipos penales que son más frecuentes, como el de usurpación, el de daño, el de incendio que es reiterado por parte de las autoridades, el estar criminalizando a defensores para mediatizar, desarticular, las luchas que se están emprendiendo por la defensa de los territorios, por un lado y por el otro para también limitar la labor de las defensoras y defensores”, agregó López Lone.
Qué se espera de la visita de la CIDH
Sobre qué espera la Sociedad Civil de la visita de la CIDH en Honduras, el representante de varias organizaciones expresó que “desde el sector de defensores y defensoras lo que esperamos es que la Comisión sea lo suficientemente congruente, contundente y muy directa en cuanto a señalar cuáles son las violaciones de los derechos humanos más reiteradas en el país, la situación crítica en que nos encontramos las defensoras y defensoras y que pueda hacer recomendaciones que llamen la atención del Estado de una forma un poco enérgica”.
En cuanto a cómo podría incidir en el Estado de Honduras la visita de la CIDH, López Lone señaló que “incide en el trabajo que hacemos los defensores y las defensoras, porque nos queda primero un comunicado, que ellos van a presentar en conferencia de prensa el próximo 3 de agosto y por otro lado el informe que conoceremos dentro de unos meses que va a complementar la información de todo lo que la Comisión ha venido documentando, tanto de violaciones a los derechos humanos y de la situación de defensoras y defensores y esos son documentos o herramientas para la incidencia política”, destacó.
Elevar casos ante la CIDH
En cuanto a la posibilidad de elevar casos ante el organismo para que sean conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, declaró que “eso es una responsabilidad de las organizaciones, el que vayamos preparando los casos y llevándolos a la Comisión Interamericana, hay noticias de que una organización defensora de derechos humanos va a anunciar la presentación de uno a más casos, que recientemente hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con violaciones en el marco de los eventos del golpe de Estado”.
Casos resueltos
En relación a los casos resueltos por la CIDH, el representante de los sectores de la Sociedad Civil dijo que “hay una deuda de parte del Estado hondureño en cuanto al cumplimiento de las sentencias, en la mayoría de ellas, pero en las sentencias donde realmente más limitado está el cumplimiento, son las sentencias de los pueblos garífunas, la del Trinfo de la Cruz, la de Punta Piedra y de alguna manera el caso López-Lone del cual soy parte y donde el Estado no ha cumplido con la reparación más importante que es el reintegro a nuestros cargos”.
“Pero lo que observamos como una constante es la falta de responsabilidad del Estado para asumir estos compromisos, que devienen de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son vinculantes a lo que establece la Constitución de la República”, concluyó.
Indígenas
Por su parte las organizaciones de los pueblos indígenas y afro descendientes en el país, presentaron a la CIDH varias propuestas para que se respeten sus decisiones en cuanto a sus territorios, educación, costumbres, entre otros.
Mario Miller de la Plataforma Nacional de Incidencia Indígena de Honduras, indicó que “incluimos una propuesta a la CIDH con varios puntos, primero la denuncia contra un anteproyecto de decreto ley que está presentando el Gobierno de Honduras, de una Consulta Libre, Previa e Informada, sin preguntarle a los pueblos indígenas, la cual ya sido presentada por el ministro de la Secretaría de Trabajo al Congreso Nacional”.
Miller dijo que “estamos denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esa ley no pueda ser aprobada en el Congreso Nacional, sin la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y garífuna de Honduras”.
Explicó que las leyes que se crean en el país son para afectar a los pobres, a los pueblos indígenas, y ellos desconocen los contenidos que tienen en esa ley, “porque se ha incluido por concesiones u otras cosas y despojarnos de nuestros recursos naturales”.
Según el represente de lo pueblos indígenas y afro descendientes, “nos hemos reunido muchas organizaciones y formamos una plataforma para hacer denuncias contra esta propuesta de decreto ley, para que la misma no sea aprobada en el Congreso Nacional, sino para que sea derogada, amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Artículo 6 en donde se habla sobre la consulta libre, previa e informada al momento de construir las leyes de la Constitución de la República”, sentenció.
“Somos de organizaciones lencas, garífunas, misquitas entre otras y somos unas 10 organizaciones que nos oponemos a que se apruebe dicha ley”, dijo Miller.
“También estamos en contra de las violaciones de los derechos humanos, en Gracias a Dios en donde hace varios meses se asesinó a tres personas en Guarunta por miembros de las Fuerzas Armadas y estamos haciendo la denuncia. Así también denunciamos el secuestro de nuestra organización máxima del pueblo misquito, MASTA, que ha sido secuestrada por ciertas personas que están obstaculizando el desarrollo de nuestras comunidades y estamos haciendo una lucha enorme para poder llevar desarrollo económico respetando los principios ambientales y ecológicos”, agregó.
Qué esperan de la CIDH
Sobre la visita de la CIDH dijo que los Pueblos Indígenas y afro descendientes esperan se emita de parte del organismo internacional, “una opinión favorable a nuestra petición para que sea escuchado el Gobierno y que nos respete, también hemos denunciado a las autoridades que vienen minimizando la educación intercultural bilingüe en el país”.
Miller es del criterio que la educación intercultural bilingüe inició en 1994 con un programa que se llamó PRONEA, precisamente por las manifestaciones, protestas y exigencias de las organizaciones de los pueblos indígenas, que después se convirtió en una dirección y posteriormente en una ley fundamental de educación en donde se vuelve una subdirección y que ahora ha reducido su presupuesto y están planificando para enero próximo, despedir a los empleados.
“Está politizado y hay una gran cantidad de violaciones de derechos de la niñez porque quiere convertir en una unidad a la Dirección General de Educación de los Pueblos Indígenas, que es la que coordina la educación intercultural bilingüe en el país y que los niños y niñas de los pueblos indígenas y afro hondureños”, recalcó{
Según explicó se requiere que enseñen los primeros años en la lengua materna para eficientar el aprendizaje en el aula de clases, lo cual está siendo violentado por ciertas personas de la Secretaría de Educación al reducir el personal y convertir en una modalidad como una unidad y al reducir el presupuesto de esta subdirección, “estamos solicitando se vuelva a la categoría de una dirección con sus propias modalidades y alternativas educativas o al contrario una subsecretaría para los pueblos indígenas y afro descendientes”, finalizó.
Presos en cárceles de máxima seguridad
En tanto, los familiares de los presos en cárceles de máxima seguridad, exigieron respeto del Gobierno ya que son tratados con discriminación de parte de los encargados de la custodia de los centros penales, lo que evidenciaron ante la CIDH.
Bessy Lizeth Mateo Argueta, representante de los familiares de los presos en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, dijo que “hemos expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la problemática de los centros penitenciarios, principalmente en Ilama, Santa Bárbara, donde la situación es indecorosa por parte de la seguridad que hay en ese centro penitenciario”.
Aceptó que “nos están violentando nuestros derechos, al igual que el de los privados de libertad y hasta el momento no hemos recibido propuestas del Instituto Penitenciario, ni de los demás entes del Estado para mejorar esa situación”.
Mateo Argueta señaló que ya han puesto una y otra vez la denuncia ante los organismos de derechos humanos, pero no han visto ningún tipo de avance.
“A los miembros de la CIDH les estamos pidiendo que le digan al Gobierno que cambien la manera de tratar a los privados de libertad, porque ellos merecen respeto, al igual que nosotros que somos sus familiares, porque nos están violentando nuestros derechos”, denunció.
“Queremos que en la CIDH se den cuenta de la realidad por nuestras bocas de lo que está pasando en ese centro penitenciario. Las medidas de seguridad son estrictas porque es una cárcel de máxima seguridad, pero allí hay privados de libertad que son de mínima seguridad y para nosotros es exagerada la forma en que nos tratan y criminalizan sólo por ser familiares de los privados de libertad”, destacó.
La representante de los familiares que guardan prisión en la cárcel de Ilama afirmó que han presentado y documentado varios tratos crueles y degradantes a que han sido objeto sus familiares en la cárcel y “hemos estado en comunicación siempre con CONAPREV y CONADEH, hemos exigido que hagan mayor presencia en el lugar, porque nosotros, semana a semana, cada día que vamos nos violan nuestros derechos, incluso son militares los que hay en ese centro penitenciario y donde no hay respeto para nosotros, desde la entrada hasta la salida”, agregó.
Mateo Argueta reiteró “pedimos el respeto hacia nosotros y para nuestros familiares, porque la verdad, si ellos están allí es porque están pagando una condena y no tienen por qué insultarlos ya que psicológicamente los están maltratando y también a nosotros nos maltratan psicológicamente, sólo por ser familiares de ellos”, finalizó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá un comunicado el próximo viernes, en donde reflejará cada una de las denuncias que expongan las organizaciones que han sido afectadas por las políticas represivas del Estado y brindará recomendaciones para que se busquen los mecanismos de respeto a los derechos humanos de la población hondureña.
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