La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, ante la comunidad nacional e internacional, expresa de la siguiente manera su posición, ante la resolución del Estado de Honduras de condenar a los defensores del río Guapinol.
El Estado de Derecho desaparece de los países en los que no existe la independencia judicial. Ese es el caso de Honduras. La sentencia condenatoria por unanimidad del Tribunal de Sentencia de Trujillo, en contra de seis de los ocho defensores del derecho al agua del Río Guapinol, es una evidencia más, de la subordinación de este poder del Estado.
Después de casi dos años y medio de estar privados injusta e ilegalmente de su libertad José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández, seis de los ocho defensores encarcelados por el juicio del caso Río Guapinol, este 9 de febrero fueron declarados culpables de los delitos por los cuales estaban acusados.
Aunque sus afligidas familias y el conglomerado de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, esperaban que los ocho defensores, en un acto de justicia tardía, fueran absueltos de todos los cargos; la realidad, ha retratado al Sistema de Justicia hondureño en su real condición. Siendo objetivos, esa era la sentencia que debía esperarse, si desde el momento de su detención, el Sistema (MP y Poder Judicial) ha estado empeñado en condenar a estos humildes, pero, valientes defensores de los derechos del pueblo. Para lograrlo, durante los últimos 29 meses, ha violado todas las normas del debido proceso.
Ya el 24 de febrero 2021 el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU (GDT) declaró en base a una minuciosa investigación que, la detención y privación de libertad de los ocho defensores de Guapinol era arbitraria e instó al Gobierno de Honduras a “poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad” y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y reparación. El Grupo pidió además al gobierno, que “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente” de esta arbitrariedad y adopte medidas contra quienes han sido responsables de ellas.
El gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández, por su condición de tal, no consideró las recomendaciones de este organismo de la ONU y menos respetar los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Honduras a través de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por él; sin embargo, el nuevo gobierno, investido de la irrefutable legitimidad dada por el voto popular, tiene la autoridad moral y política, para encontrar las salidas legales y políticas que pongan fin a la injusticia cometida en contra de estos ciudadanos cuya dignidad y compromiso, debería avergonzar a los funcionarios estatales que los condenaron.
ACI PARTICIPA, además, expresa que no basta con la liberación incondicional de los defensores del río Guapinol, sino, que deben implementarse medidas de reparación para ellos y sus familias por todos los daños morales, sociales, psicológicos, patrimoniales, etc., sufridos durante el proceso y sus secuelas posteriores. Asi mismo, tal como lo recomienda el GDT, la obligación de realizar una investigación exhaustiva e independiente de esta arbitrariedad y adoptar medidas contra quienes han sido responsables de ellas. Aunque el Estado aparece como el responsable, quienes cometen lar arbitrariedades y abusos, tienen nombre y apellidos, por tanto, a ellos y no al pueblo, debe deducírseles todas las responsabilidades y consecuencias de sus actos. El pueblo conoce los nombres de todos los jueces, juezas y fiscales involucrados y el gobierno también los conoce. Es hora de actuar en defensa de la ley, de la justicia y del pueblo.
ACI PARTICIPA se solidariza con las familias de José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández y con el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y reafirma su compromiso de acompañar su lucha. Asimismo, hace un llamado a las autoridades a garantizar la vida e integridad de los defensores que han sido condenados y a los que fueron absueltos, de igual manera a sus familias y comunidad, pues el Estado es responsable de su seguridad.
Tegucigalpa MDC, 11 de febrero de 2022.
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA