Las mujeres asesinadas ayer en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), tenían tanto derecho a la vida como los campesinos asesinados por luchar para hacer valer su derecho a la tierra y como los ambientalistas de Guapinol asesinados por luchar valientemente contra los asesinos que les privan de los bienes comunes que la naturaleza les ha otorgado. Todas y todos fueron víctimas de un sistema que les ha negado el derecho a vivir dignamente. A la postre, los asesinos son los mismos. Los que se han enriquecido de la explotación y robo de los bienes del pueblo. Los que, habiendo sido elegidos por el pueblo para garantizarle sus derechos y decidieron traicionarlo vendiéndose al mejor postor.
Pero, hay una diferencia entre las mujeres asesinadas ayer y los campesinos y ambientalistas asesinados. Mientras a éstos sus familias los lloran, pero los honran y se enorgullecen de ellos, poniéndolos como lo que son, un ejemplo para sus compañeros de lucha; a ellas, sus familias las lloran y justifican sus vidas, porque ningún padre o madre quiere una hija o un hijo delincuente, excepto los de la elite política del país que les enseñan el camino a sus hijos para que sigan sus pasos. En cada departamento tenemos de esos.
La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, lamenta profundamente este terrible suceso y se solidariza con las familias de las víctimas en este amargo trance, al tiempo de señalar que, lo ocurrido en el CEFAS es un horrendo hecho demasiado repetitivo en el país, ya antes sucedió en: Granja Penal El Porvenir, Atlántida, abril de 2003, 69 muertos (gobierno de Ricardo Maduro); Centro Penal de SPS, mayo de 2004, 107 muertos (gobierno de Ricardo Maduro); Granja Penal de Comayagua, febrero de 2012, 361 muertos (gobierno de Porfirio Lobo Sosa). Pero, de nada sirve lamentarlo y menos si quienes lo hacen son funcionarios del Estado, como tampoco tienen utilidad los señalamientos viscerales y menos cuando proceden de quienes aprobaron el nuevo Código Penal, el Código de Procedimientos Penales o la reducción del área protegida del Parque Nacional “Carlos Escaleras” o provienen de hijos de quienes derogaron la Ley de Reforma Agraria y aprobaron la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, todos, hechos criminales de igual magnitud que la matanza de las privadas de libertad del CEFAS, porque siguen generando injusticias e impunidad y asesinatos de ambientalistas y campesinas /os defensoras y defensores.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento debe asumir, como corresponde, la responsabilidad de esta nueva matanza en otro centro penal del país; pero, no debe quedarse en ese simple hecho sin utilidad. Su gobierno debe emprender acciones reales e incontrovertidas que pongan fin a este siniestro Déjà vu. Que sus acciones prueben a propios y extraños que su gobierno es diferente. Que el país no está gobernado por delincuentes como en los 4 gobiernos anteriores, incluido el espurio del golpista Micheletti Bain. Y si ese fuera el caso, que pruebe su capacidad y decisión política para destruir las estructuras criminales de la delincuencia organizada desarrolladas, protegidas y fomentadas por los gobernantes anteriores, al grado de tener su nido principal en la misma Casa presidencial.
Para nadie es un secreto que estas matanzas y crímenes individuales frecuentes dentro de las cárceles hondureñas, son producto de la corrupción que ha imperado en todas las instituciones del Estado y por lo tanto en los centros penales al margen del ridículo nombre que les hayan puesto. El ingreso de drogas y de armas de todo tipo y calibre en las cárceles y que luego son utilizadas para ejecutar acciones criminales como ésta, solo es posible si quienes están obligados a impedirlo, lo permiten. Tan criminales son quienes acuchillan y disparan dentro de las cárceles, como quienes permiten la entrada de las armas. Es una terrible paradoja que casi todo el personal de administración y control de todos los centros penales de Honduras, (civiles, policiales y militares) debieran ser parte de la población privada de libertad.
ACI PARTICIPA, como organización defensora de los derechos humanos, ante esta terrible realidad, de manera muy respetuosa, pero firme, exige al gobierno de la República implementar todas las acciones legales que garanticen la vida de la población privada de libertad; perseguir penalmente a todos los funcionarios del sistema penitenciario responsables de incumplimiento de sus deberes y obligaciones y/o abuso de autoridad. Y finalmente, aunque igual que todo mundo en el país, no creemos en las Juntas Interventoras, abogamos para que ésta que preside la Dra. Julissa Villanueva sea la excepción y que, dando lecciones ejemplarizantes, ponga fin a los pingües negocios de las autoridades penitenciarias.
Tegucigalpa, MDC, 21 de junio de 2023.