C O M U N I C A D O
Ante la detención arbitraria y los actos de tortura o malos tratos en contra de 12 personas detenidas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH- el viernes 8 de septiembre, la Organización Mundial Contra la Tortura –OMCT-, solicita:
1. Poner fin a todo tipo de criminalización del Movimiento Estudiantil de la UNAH y las personas defensoras que en él participan;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la actuación policial en los sucesos del 8 de septiembre y, particularmente en lo referido a la comisión de actos de tortura o malos tratos por parte de la policía, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;
3. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los estudiantes criminalizados y sus familiares, así como la del resto de personas defensoras afectadas y, en general, la de todas las personas defensora de derechos humanos en el país;
4. Poner fin a la militarización de las instalaciones de la UNAH, retirar de los predios la presencia de fuerzas de elite de la policía nacional, así como iniciar un proceso de investigación efectiva sobre las presuntas torturas y malos tratos de estudiantes a manos de los guardias privados de seguridad de la UNAH;
5. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;
6. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
7. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.