Alertas
Las cámaras de video vigilancia registraron el momento en que un hombre de camisa negra violentó las puertas de entrada a las oficinas y se apropió de una computadora. Al momento de realizar la denuncia ante la DPI, Alegría expresó que ya son varias las acciones similares ocurridas a la organización que coordina, especialmente después del golpe de Estado de 2009.
Como en los inicios de su segundo y altamente cuestionado mandato, el gobierno del señor juan orlando hernández ha tenido que recurrir a la fuerza de los cuerpos armados del Estado, para someter a su pueblo que reclama justicia, honestidad, trabajo, salud y educación.
La respuesta violenta y represiva del gobernante hondureño en su anterior y actual mandato a las demandas populares, refleja entre otras cosas, su debilidad y la sinrazón de sus actuaciones, pues, solo quien carece de autoridad hace uso de la fuerza bruta para intentar imponer sus ideas.
Los jóvenes estudiantes Mario Enrique Suárez Gómez (19) y Gerson Daniel Meza Medina (18) fueron ultimados horas después de ser secuestrados por supuestos agentes de la ATIC, que la noche del pasado miércoles 29 de agosto los sacaron de una vivienda del barrio Bella Vista de Comayagüela y llevados para ser torturados y asesinados en el sector conocido como La Montañita, al Oriente de la capital.
Desde el miércoles 1 de agosto (2018), pobladoras y pobladores de la Comunidad de Guapinol (Tocoa, Colón), instalaron un Campamento en la carretera por dónde transita la maquinaria pesada de la Empresa Minera Inversiones Los Pinares, cerca del Río Guapinol. La instalación del campamento que lleva por nombre “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, de debe a las constantes y sistematizadas violaciones a su derecho de acceso a la tierra y a la alimentación, así como diversas amenazas, hostigamiento e intimidación.
“En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace dos años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas, realizaas por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación (ATIC). En por lo menos 35 ocasiones la fiscalía del caso ha negado información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular”
Diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, derechos humanos, grupos indígenas, mujeres, campesinos, maestros, familiares de privados de libertad y sectores afectados por violaciones a los derechos humanos de parte de los entes del Estado, entre otros, expusieron en diferentes mesas de trabajo sus quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que intervenga.