Cada gobernante deja a su sucesor una herencia, en la mayoría de los casos, poco deseable. Rara vez se da el caso, que las ejecutorias de un gobernante sean tan buenas, que impliquen un verdadero reto mejorarlas para quien le sucede. Al menos en nuestro país, no ocurre aún. El gobierno que por fortuna YA SE VA, ha sido tan malo, que su sucesora, sin hacer nada lo superaría.

Pero no se preocupen quienes hayan iniciado la lectura de esta nota. No vamos a enumerar todas las cosas malas ejecutadas por la actual administración y que tienen y tendrán repercusiones ahora, en el mediano y en el largo tiempo. No disponemos de tanto espacio para semejante intento.

Un abandono vergonzoso al sistema sanitario del país, cuyo presupuesto menguado en beneficio de “la seguridad y la defensa” y depredado mediante transferencias para supuestas acciones “sociales” manejadas por entidades corruptas, dio como resultado que a febrero 2020 la pandemia de Covid-19, lo encontrara colapsado incapaz de controlar el dengue y de atender las patologías comunes en una población empobrecida y con deficiencias alimentarias. Ya en 2019 la población tuvo que levantarse y soportar la represión vandálica de policías y militares, mientras trataba de revertir la entrada en vigencia de medidas atentatorias contra la Salud y la Educación públicas, contempladas en los tristemente célebres PCMs salidos de Casa Presidencial y ratificados por sumisos y corruptos diputados cachurecos y liberales en el Congreso Nacional.

El sistema educativo nacional, que ha sido incapaz de ofrecer al pueblo una educación de calidad, ha estado manejado desde el golpe de Estado por ministros, como siempre incapaces, cuyo principal interés fue el sometimiento y domesticación del gremio magisterial, ya venido a menos por la incapacidad y corrupción de sus dirigentes gremiales, por lo tanto, su principal logro fue mantener encerrados a las y los docentes 200 días al año en los centros educativos, entretenidos llenando sesgados reportes estadísticos, sin importar la calidad de sus enseñanzas ni la calidad de los aprendizajes del estudiantado. Asi lo encontró la pandemia en febrero de 2020. Para entonces teníamos un millón de analfabetas, un nivel de escolaridad de 7,5 años promedio y uno de los niveles más bajos de calidad educativa en la región. Dos años después, la situación es realmente calamitosa, un abandono total de los centros educativos, con alto porcentaje de ellos destruidos o semi destruidos. El engaño de clases virtuales, indefectiblemente cobrará consecuencias para niñas, niños y jóvenes que se encuentran cursando cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional.

Niveles de desconfianza nunca antes percibidos en la población en general, hacia las instituciones del Estado, generados por su incapacidad y su escandalosa corrupción que ha sometido a un continuado saqueo al erario nacional; niveles de pobreza en magnitud tampoco vistos antes, profundizados por los bajos salarios, el sub empleo y el desempleo que obliga a la población a emigrar del país; una espiral de violencia e inseguridad soportadas por el pueblo y que son producto del sesgado e ineficiente comportamiento de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, coludidas entre sí, para ponerse al servicio del gobernante y de la elite política y económica del país, generando un record de impunidad y una sensación de total indefensión en la población; el mayor endeudamiento que ha vivido Honduras, que ha proporcionado dinero fresco para el banquete de los corruptos: más de 20, 000 millones dólares han sido saqueados al Estado durante los 8 años de gobierno de JOH (Fosdeh). Esto y más, hereda el Gobierno de doña Xiomara. Sin sumar, el “prestigioso” mote de Narco Estado, adjetivo que califica a Honduras internacionalmente y la penúltima deyección, la designación de “diputados vitalicios” a tres personajes cuyos nombres omitimos para no ensuciar esta nota y que por largos años le han hecho terrible daños al pueblo y a Honduras, aprobando leyes que generan injusticia, corrupción e impunidad.

Finalmente en materia de derechos humanos, las recomendaciones dadas a Honduras en el Examen Periódico Universal, EPU, no lo dicen todo; pero, dan una idea de la gravedad de la situación en esa materia en el país. La persecución judicial, el encarcelamiento y el asesinato de defensoras y defensores de los derechos humanos, ha sido la constante a partir del golpe de Estado y principalmente durante el gobierno saliente. Su última entrega, antes de irse, ha sido el asesinato de dos valientes defensores de los derechos humanos: El primero de ellos, sucedió la mañana del domingo 9 de enero 2022, en la comunidad de Tierra Colorada, Municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira, cuando individuos no identificados asesinaron a balazos por la espalda, al líder indígena lenca, Pablo Isabel Hernández, Director de la radioemisora comunitaria Radio Tenán. Hernández era un activo líder indígena que, desde distintas plataformas defendía y promovía los derechos humanos y, de manera especial, los derechos de su pueblo lenca. Un día después, en Tegucigalpa, fue asesinada a balazos Thalía Rodríguez, defensora de los derechos humanos del Colectivo LGBTIQ+ de Honduras. Corresponderá al gobierno entrante, evitar que estos crímenes contra dos valiosos compatriotas, queden en la impunidad.

¿Podrá el gobierno presidido por doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, con semejante herencia? Con seguridad lo hará, con el apoyo del pueblo hondureño, harto ya, de tanto vejamen e indignidad.

Abogado Adalid Vega
Coordinador Unidad de Protección a Defensoras/es en Riesgo
ACI PARTICIPA

Tegucigalpa, MDC, 19 de enero 2022.