GGEORGE FLOYD: RACISMO Y BRUTALIDAD POLICIAL
A un mes de su vil asesinato.
En medio de la tragedia que sufre el pueblo estadounidense, provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, un hecho vergonzosamente recurrente en la historia de Estados Unidos, se produjo el 25 de mayo último, lo que ha llevado a miles de personas de ese país y de la mayoría de países del mundo, a manifestar su repudio y condena contra el gobierno del Señor Thrump.
Era un arresto común y corriente de un ciudadano que había sido denunciado de un supuesto fraude ante la Policía local de Minneapolis, estado de Minnesota y que no opuso ninguna resistencia al requerimiento policial, como lo ha visto todo el mundo a través de los videos que registraron la escena.
Lo que ocurrió luego, es lo terriblemente inhumano y expresión de brutalidad y abuso de autoridad y, no lo describiremos aquí, pues las imágenes han sido brutalmente elocuentes y hartamente difundidas. A partir de esa fecha la indignación se desbordó en la población estadounidense, particularmente la perteneciente a las comunidades de minorías étnicas históricamente discriminadas, como la afroamericana, población de la que era parte Floyd. Bajo el grito de: “NO PUEDO RESPIRAR” que parodiaba las últimas y desesperadas palabras de Floyd bajo la rodilla de su verdugo y, con el lema “Black Lives Matter” (Las Vidas Negras Importan), inmensas muchedumbres estadounidenses y del mundo, expresaron sus sentimientos de impotencia ante el racismo y la brutalidad policial.
El crimen contra Floyd a manos de policías blancos no es un hecho aislado, antes fueron el de Freddie Gray (2015), Tamir Rice (2014), Michael Brown (2014), Eric Garner (2014) y Trayvon Martin (2012), solo para citar algunos de los ocurridos en esta década. No hubo en esos casos castigos ejemplarizantes por parte de la Justicia estadounidense contra los criminales policías. Y aunque quizás de haberse dado hubiese dado algún consuelo a las familias de las víctimas, el problema no se resuelva allí. El problema tiene una profundidad estructural en la sociedad estadounidense y sus instituciones, en su ejército, en la fuerza policial, en el sistema de justicia, en el sistema educativo y hoy por hoy, en la misma Casa Blanca con un presidente misógino y racista.
El racismo es una de las formas de discriminación más oprobiosas y cuando es realizada por funcionarios públicos, toma una dimensión de extrema inaceptabilidad como conducta humana. Utópicamente la existencia del Estado es para garantizar que tales hechos no se produzcan, no para que sus agentes los ocasionen. El hartazgo tocó límite con el asesinato de Floyd, al grado que pueblos que durante siglos aceptaron simbolismos impuestos a partir de historiadores de pluma tarifada, los han echado por tierra al considerarlos una burla infame: El derribo de la estatua del traficante de esclavos africanos Edward Colston, en la ciudad de Bristol; las del genocida rey belga Leopoldo II, venerado por la iglesia mientras asesinaba a millones de hombres, mujeres y niños negros en el centro de África; el decapitamiento de estatuas de Cristóbal Colón, símbolo ignominioso del sojuzgamiento y muerte de los pueblos nativos del continente americano, muestran su repudio y obligan a revisar nuestra postura ante criminales presentados como héroes y que se homenajean nominando con sus nombres calles, pueblos y, terriblemente, a escuelas y colegios.
En nuestro país el racismo y la discriminación están presentes en la cotidianidad. Basta caminar por las comunidades lencas de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán y Santa Bárbara; por los pueblos Maya-Chortí de Copán y Ocotepeque; por las tribus Tolupanes de Yoro y Francisco Morazán; por las comunidades Pech y Tawahkas en Olancho, Colón y Gracias a Dios; por las aldeas Misquitas de la Mosquitia hondureña y, por las comunidades Garífunas a lo largo del litoral del Caribe hondureño, desde la Barra del Motagua hasta Tocamacho, entre Colón y Gracias a Dios, en donde la pobreza y la miseria atestiguan del irrespeto oficial a los derechos ancestrales de estos pueblos, de la violación de sus derechos humanos, del despojo de sus territorios, bosques, ríos, playas, tierra, ambiente y patrimonio cultural. Todos estos pueblos, dueños por derecho propio del territorio hondureño, han sido discriminados y condenados a las peores condiciones de salud, educación, de vida y de indignidad por parte de los gobiernos de Honduras.
El abuso de autoridad y la brutalidad se han sistematizado en nuestro país, como mecanismo de los entes armados del gobierno, para controlar el descontento popular ante la arbitrariedad, la impunidad y la corrupción institucionalizada por el actual régimen instaurado el 28 de junio de 2009. Sendos informes de la CIDH sobre Honduras en 2009, 2015 y 2019, han documentado al mundo sobre estas abominables prácticas policiales y militares, que de igual manera han sido documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre las violaciones de los DDHH en el contexto pos fraude electoral de 2017, presentado iniciando 2020 y que le costara la representación a María Soledad Pazo a petición del gobernante hondureño.
Las familias de Ibis Obed, Pedro Magdiel, Roger Vallejo, Manuel Flores, Ilsie Velásquez, Don Telmo, Wilfredo Moncada, Eblin Noel, Marvin R. Alvarado… saben de brutalidad y muerte provocada por agentes del gobierno hondureño. Las redes sociales han mostrado al mundo actuaciones brutales de policías y militares hondureños en contra de ciudadanos hondureños sometidos e indefensos. Nadie sabe de la persecución judicial por estos actos. Frescas están las imágenes que dieron la vuelta al mundo sobre las cobardes, vergonzosas y brutales acciones de oficiales de la policía hondureña en contra de cuatro defensores y defensoras de los derechos humanos en los predios de la UNAH. Los criminales fueron llevados a los tribunales; pero, la juez, comprometida con el gobierno y no con el pueblo y la justicia, no encontró delito y los absolvió. Días después, la Policía los ascendió para premiar su “loable conducta”. Los nombres de las víctimas, de los criminales, de la “juez” y del Fiscal, están grabados para siempre en la memoria histórica de nuestro pueblo.
¡BASTA YA DE DISCRIMINACIÓN Y BRUTALIDAD CONTRA LOS PUEBLOS!
Tegucigalpa, MDC., 25 de junio de 2020
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA.
Documento PDF, aquí: https://bit.ly/3dWYzwc