La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, presenta su Informe “La Comunidad LGBTIQ+ en Honduras: UNA HISTORIA DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN”, en el marco de la ejecución del Proyecto «Contribuyendo al Empoderamiento de los Derechos Básicos de la Comunidad LGTBIQ+«, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Instituto de Relaciones Exteriores y Zivik Funding Programme, ejecutado por ACI-Participa en consorcio con Somos-CDC. El Informe, describe la situación de las personas LGBTIQ+ en Honduras y que en alguna medida refleja el grado de respeto y garantía de ejercicio de los derechos humanos para las personas de este grupo poblacional en permanente vulnerabilidad.
Para la comunidad LGBTIQ+, a excepción de la Constitución de la República (Art. 59 y 60) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que en forma general protegen sus derechos por el hecho de ser personas humanas, no existe ninguna otra normativa especial que les garanticen los derechos particulares que reclaman. El hecho de que pese a la evidente y grave vulnerabilidad de la población LGBTIQ+ no se aprueben normativas para su protección ni políticas públicas encaminadas a favorecer el reconocimiento de sus derechos, evidencia el nulo interés y hasta desprecio de la sociedad hondureña, los políticos y los gobernantes hacia esta comunidad.
Las personas de esta comunidad continúan siendo víctimas de grave violación de sus derechos humanos. Los crímenes de odio se producen con mucha frecuencia en el país, al grado que en el pasado año sumaron 52 muertes violentas, superando las 43 registradas durante el 2022, situación que resulta alarmante, pues además en este último año (2023) se registraron tres personas desaparecidas. Tal como sucede con las personas defensoras de los derechos humanos
asesinadas, el porcentaje de impunidad de las muertes violentas de miembros de la comunidad LGBTIQ+ supera el 95%.
En el Informe se encuentra un breve recorrido histórico desde 1889 con la derogación del Art 367 del anterior Código Penal que condenaba como delito de sodomía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo; La eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades clasificadas como trastorno mental por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990; La llegada del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a Honduras en 1985 cuando se diagnosticó el primer caso y el surgimiento de la primera organización hondureña de homosexuales; La búsqueda de legalidad y reconocimiento del Estado por parte de organizaciones LGBTIQ+ a finales de los años 90’s; El cierre de espacios públicos también a finales de los 90’s; El otorgamiento de primeras personerías jurídicas entre 2022 y 2006; El blindaje constitucional de los artículos 112 y 116 en 2005; y, la valiente participación de la comunidad LGBTIQ+ autoconvocada que se sumó a la población en resistencia que se manifestaba masivamente en las calles de todo el país contra el Golpe de Estado en 2009.
La realidad actual. A pesar de los avances alcanzados, las personas LGBTIQ+ enfrentan obstáculos sustantivos para el ejercicio de todo tipo de derechos. En el acceso a la educación, al empleo, a la salud o a la justicia y siguen siendo víctimas de la homofobia, transfobia y otras expresiones de odio como práctica gubernamental e institucional que restringe el acceso de la comunidad LGTBIQ+ a los servicios de que dispone el ciudadano:
- No existe en el país una normativa que garantice plenamente a la Comunidad LGBTIQ+ el disfrute de sus derechos en materia de acceso a la educación.
- La población LGBTIQ+ es víctima de discriminación generalizada en los centros de atención médica del Sistema de Salud Pública y salvo excepciones. Personas LGBTIQ+ tienden a enfrentar desafíos relacionados con su salud mental, sobre todo las personas más jóvenes de la comunidad LGBTQ+
- A las personas LGBTIQ+ se les dificulta mucho ser contratadas, sobre todo a las personas transexuales. La negación de oportunidades de trabajo por discriminación por razones de género es un problema al que no se le presta atención.
- Las fallas en sistema abonan, de acuerdo con la CIDH, a la impunidad, la ruptura del Estado de Derecho y además se envía el mensaje que la vida de las personas LGBTIQ+ no es importante para el Estado.
En el Informe también se encuentra un análisis sobre la Sentencia de la Corte-IDH por el asesinato de Vicky Hernández asesinada la noche del 28 de Junio de 2009: Es la primera vez que Honduras es condenada por el asesinato de una persona de la Comunidad LGBTIQ+, y cómo las organizaciones LGBTIQ+ esperan efectos positivos. La apertura del gobierno actual hacia las personas LGBTIQ+, es la mejor base para creer que este es el gobierno que puede cumplir con los mandatos de la sentencia. A nivel de jurisprudencia de la Corte IDH, la sentencia tiene un importante valor pues es la primera vez que se dicta una sentencia sobre el caso de una mujer trans. La Corte IDH estableció mediante la sentencia que, las mujeres trans tienen iguales derechos que las mujeres cisgénero.
En el Informe también se comparten cifras de nuestro OBSERVATORIO DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ (www.aciparticipa.org/diversidad), con datos desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, con un total de 17 personas de la Comunidad LGBTIQ+ asesinadas de forma violenta, todas a manos de personas desconocidas. Los hechos han ocurrido en los siguientes 6 Departamentos: Cortés (5), Fco. Morazán (4), Choluteca (3), Atlántida (2), Copán (1), Olancho (1) y Comayagua (1).
La Comunidad LGBTIQ+ continúa siendo el sector poblacional más vulnerable y excluido de la sociedad hondureña.
Aclaración:
