Comunicado
Comparecemos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional para expresar nuestra preocupación e indignación por el reciente fallo condenatorio pronunciado por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en contra de los estudiantes universitarios Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla.
Por ser un recurso utilizado para judicializar el derecho legítimo de expresarse, y para callar e intimidar las voces juveniles que presentan alternativas de solución para lograr una Universidad Nacional Autónoma (UNAH) Inclusiva, y por ende contribuir a democratizar la educación pública.
Que lamenta profundamente los hechos violentos escenificados en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en Tegucigalpa y que involucran a jóvenes estudiantes de ese centro de estudios superiores, a supuestos miembros de la guardia de seguridad privada de la UNAH y a miembros de la Policía Nacional.
Que es altamente preocupante que ante el reclamo de sus derechos por parte del sector estudiantil, como sucede con otros sectores de la población ante el Estado, la respuesta siempre sea la represión, la criminalización, la estigmatización y los procesos de judicialización.
El día domingo 2 de abril en horas de la noche, mientras se encontraba en las cercanías de la gasolinera UNO del Carrizal, sobre la Carretera CA-5, la joven Sherlyn Montoya desapareció sin dejar rastro hasta el martes 4 de abril, cuando su cadáver fue encontrado en una calle de la Colonia Smith, en el mismo sector de la salida Norte de la Capital de Honduras. Su cuerpo envuelto en un costal o saco, presentaba signos de haber sido torturado.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Honduras.
Si bien es cierto es facultad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nombrar y separar a sus Delegados Adjuntos, conforme lo establece el art. 14 de la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y los art. 12 y 15 del Reglamento General de dicha ley, no menos cierto es, la violación por parte del Señor Comisionado en perjuicio de la Abogada Linda Lizzie Rivera