La crisis provocada por el Tribunal Supremo Electoral por tratar de favorecer las pretensiones reeleccionistas del actual mandatario, sorprendió a ACI PARTICIPA con su Informe Situacional 2017, sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, listo para ser presentado a nacional e internacional.
La gravedad de las violaciones de los derechos humanos de la población hondureña, que ha preferido arriesgar su vida, a permitir la negación de sus derechos, su honor y su dignidad, violaciones que ya superan con creces en cantidad y en gravedad, las atrocidades cometidas por el dictador golpista del 2009, y ante la imposibilidad de incorporar tales hechos en dicho informe, nos ha llevado a elaborar este pequeño informe especial sobre la crisis post electoral y sus consecuencias.
La consolidación de un gobierno en manos del actual gobernante, augura un grave panorama para los derechos humanos en Honduras y un terrible riesgo para las personas que los promueven y defienden. El fraude electoral del que el mundo ha sido testigo y que ha puesto de nuevo a Honduras vergonzosamente en el contexto internacional, agrava esa percepción que ya antes era grave.
La espontánea reacción del pueblo y lo masivo de la misma, ha disparado las alarmas del inmoral gobernante, llevándolo a utilizar todo el contingente armado que con la intención de someter al pueblo, en caso de necesidad, preparó durante los últimos ocho años. No cabe duda de que el pueblo tiene razón para sublevarse, si hubiera alguna duda, el informe de la Misión Observadora de la OEA, la disipó.
El país se encuentra en manos de los militares, que están listos, no para garantizar la soberanía popular, sino, para aplastarla. La cantidad de personas asesinadas por policías y militares no se conoce con exactitud ; sin embargo, las cifras que maneja el CONADEH en su último informe sobre la crisis, viniendo de un ente al servicio del gobernante, resultan alarmantes. El señor Herrera Cáceres, titular de dicha institución habla de al menos 31 personas asesinadas en lo que va de la crisis. Registros de organizaciones de derechos humanos hablan de alrededor de 40 muertes violentas consecuencias de la represión a la protesta popular.
Este Informe Especial no lleva más propósito, que alertar a la comunidad de defensoras y defensores para que no descuiden su seguridad mientras realizan su labor de promoción y defensoría de los derechos humanos. A la población en general llamarla a no confiarse. Se está yendo a asesinar a líderes y simpatizantes de las protestas a sus propias casas y se está deteniendo ilegalmente a personas identificadas en las protestas o denunciadas por activistas del dictador, especialmente jóvenes, con riesgo de ser desaparecidos o encontrados asesinados o suicidados en las celdas policiales. Ante estas detenciones debe denunciarse de inmediato el hecho ante las organizaciones de derechos humanos, Ministerio Público, o a la Oficina del Alto Comisionado y promover la acción de Habeas Corpus a favor del detenido.
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