La  crisis  provocada  por  el  Tribunal  Supremo  Electoral  por  tratar  de  favorecer  las pretensiones reeleccionistas del actual mandatario, sorprendió a ACI PARTICIPA con su Informe  Situacional  2017,  sobre  la  situación  de  defensoras  y  defensores  de  derechos humanos en Honduras, listo para ser presentado a nacional e internacional.

La  gravedad  de  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  de  la  población hondureña, que ha preferido arriesgar su vida, a permitir la negación de sus derechos, su honor y su dignidad,  violaciones  que  ya  superan  con  creces  en  cantidad  y  en  gravedad,  las atrocidades  cometidas  por  el  dictador  golpista  del  2009,  y  ante  la  imposibilidad  de incorporar  tales  hechos  en  dicho  informe,  nos  ha  llevado  a  elaborar  este  pequeño informe especial sobre la crisis post electoral y sus consecuencias.

La  consolidación  de  un  gobierno  en  manos  del  actual  gobernante,  augura  un  grave panorama para los derechos humanos en Honduras y un terrible riesgo para las personas que los promueven y defienden. El fraude electoral del que el mundo ha sido testigo y que  ha  puesto  de  nuevo  a  Honduras  vergonzosamente  en  el  contexto  internacional, agrava esa percepción que ya antes era grave.

La  espontánea  reacción del pueblo  y  lo  masivo de  la  misma,  ha  disparado  las  alarmas del inmoral  gobernante,  llevándolo  a  utilizar  todo  el  contingente  armado  que  con  la intención de someter al pueblo, en caso de necesidad, preparó durante los últimos ocho años.  No  cabe  duda  de  que  el  pueblo  tiene  razón  para  sublevarse,  si  hubiera  alguna duda, el informe de la Misión Observadora de la OEA, la disipó.

El  país  se  encuentra en manos  de  los  militares,  que  están  listos,  no  para  garantizar  la soberanía  popular,  sino,  para  aplastarla.  La  cantidad  de  personas  asesinadas  por policías y militares no se conoce con exactitud ; sin embargo, las cifras que maneja el CONADEH  en  su  último  informe  sobre  la  crisis,  viniendo  de  un  ente  al  servicio  del gobernante, resultan alarmantes. El señor Herrera Cáceres, titular de dicha institución habla  de  al  menos  31  personas  asesinadas  en  lo  que  va  de  la  crisis.  Registros  de organizaciones  de  derechos  humanos  hablan  de  alrededor  de  40  muertes  violentas consecuencias de la represión a la protesta popular.

Este Informe Especial no lleva más propósito, que alertar a la comunidad de defensoras y  defensores  para  que  no  descuiden  su  seguridad  mientras  realizan  su  labor  de promoción y defensoría de los derechos humanos. A la población en general llamarla a no  confiarse.  Se  está  yendo  a  asesinar  a  líderes y  simpatizantes  de  las protestas  a  sus propias casas y se está deteniendo ilegalmente a personas identificadas en las protestas o  denunciadas  por  activistas  del  dictador,  especialmente  jóvenes,  con  riesgo  de  ser desaparecidos o encontrados asesinados o suicidados en las celdas policiales. Ante estas detenciones  debe  denunciarse  de  inmediato  el  hecho  ante  las  organizaciones  de derechos humanos, Ministerio Público, o a la Oficina del Alto Comisionado y promover la acción de Habeas Corpus a favor del detenido.

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