GUAPINOL: EL COLMO DEL ABSURDO.
Solo la irracionalidad justifica lo que les ocurre a las personas que defienden el derecho humano al agua y de otros bienes comunes en la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Solo un enajenado vería como lógico, que las víctimas de un acto ilegal de funcionarios inmorales, sean privadas de su libertad por defender lo que por derecho les pertenece.
Desde el primero de agosto de 2018, fecha en la que se instaló el Campamento de Guapinol, 32 personas parte de ese destacamento de dignidad que defiende el derecho humano al agua, han sido requeridas por el Ministerio Público, institución que cubre con un manto de impunidad a la élite gobernante integrada por políticos y empresarios corruptos; pero, que es muy diligente para actuar en contra de quienes al defender sus derechos, afectan los intereses de individuos que en su afán de acumular riquezas, ignoran el derecho a la vida y a la dignidad de comunidades humanas enteras.
Este fin de semana, 12 de las 32 personas antes mencionadas con requerimiento fiscal, fueron encontradas con méritos suficientes para ser privados de su libertad al enviarlos a la cárcel, como si fueran vulgares delincuentes. ¿Quién tomó tan sabia e imparcial decisión? Pues un miembro del “honorable Poder Judicial”, otra institución del Estado con tanto prestigio como el Ministerio Público. Basta echar un vistazo a la terrible situación del país para hacerse una idea precisa del virtuosismo de los jueces y juezas que integran este poder del Estado.
Nadie que haya vivido algún tiempo en Honduras, ignora que las instituciones del Estado están al servicio de quienes tienen poder y dinero suficiente, para pagar las coimas a los funcionarios que las dirigen. Menos ignoran tal realidad, quienes han nacido y vivido en este país, sufriendo las consecuencias de la desvergüenza de sus gobernantes y de la recua que los acompaña. La justicia en Honduras es un bien inaccesible para todas y para todos. Convertida en una mercancía que, como en los tiempos de la “Santa Inquisición”, solo pueden tener quienes tienen dinero suficiente para llegarle al precio de jueces y fiscales. En todo caso, obtienen la mercancía; pero no así, la justicia. Compran impunidad.
Quienes ahora están privados de su libertad por la defensa del Río Guapinol, tienen una moral y una dignidad infinitamente más elevadas que la del o la fiscal que los requirió, o que la del juez que los envió a la cárcel y, que la del alcalde y los empresarios que los acusan, o la de los policías y militares que los acosan y persiguen. También su moralidad y dignidad está muy por encima, de la que supuestamente tienen los periodistas y dueños de medios de comunicación, que por dinero difaman a quienes, como el pueblo de Guapinol, defienden su vida y la de los suyos, defienden su derecho al agua como derecho humano, y que defienden su derecho a un ambiente sano y a su territorio y su derecho a decidir y a ser consultados.
La familia de quien está en la cárcel por haber cometido algún delito, siente vergüenza de su familiar y sufre el estigma social por los actos de aquel; sin embargo, los hijos e hijas de quienes ahora están en la cárcel por defender sus derechos, tienen que estar orgullosos de sus padres, pues, lo que ahora sufren es el injusto precio de defender su vida, su dignidad y el futuro de sus hijos. Además, están recibiendo una lección práctica de lo que debe hacer toda mujer y todo hombre con dignidad, ante la injusticia cometida por mezquinos empresarios y corruptos funcionarios.
Los hijos e hijas de las mujeres y hombres valientes de Guapinol, tienen la frente en alto y su mirada firme, a diferencia, de los hijos o hijas del juez, y del fiscal, o del alcalde y los del mismo espurio presidente de la República, quienes deberán estar llenos de vergüenza por las cobardes acciones que hacen sus padres. Igual vergüenza debieran sentir los hijos e hijas de los empresarios que le roban sus bienes naturales y comunes a los niños y niñas pobres, a quienes también les roban sus esperanzas. No menos vergüenzas tendrán que sentir hijas e hijos de los periodistas que a diario tuercen la verdad a cambio de unos pocos billetes.
Qué difícil debe ser para los deshonestos hacer las cosas de manera correcta. Sus actuaciones de manera solapada y traicionera deben reportarles grandes ganancias. Cuánto dolor, lágrimas y sangre pudieron evitar los funcionarios del Estado si hubiesen hecho las cosas correctas conforme a la ley y a los principios cristianos. Si hubiesen informado a las comunidades aledañas al río Guapinol la intención de otorgar la concesión minera. Si hubiesen informado con honestidad de los beneficios reales que la explotación minera traería para las comunidades y de igual manera, informarles sobre los perjuicios y daños que les ocasionaría. Pero, conscientes que los daños superarían los supuestos beneficios, optaron por actuar como los delincuentes: Desde la oscuridad y la mentira.
No pueden decirles la verdad sobre la minería a los pobladores de Guapinol; porque no tienen ejemplos en el país de los beneficios de esta industria: San Juancito, El Mochito, Azacualpa, el valle de Siria, son ejemplos de tal mentira. Es fácil convencer a los pobladores de Guapinol si los llevan a estos lugares para que vean “el desarrollo y la prosperidad” en la que viven sus habitantes gracias a la minería. Que les pregunten a los habitantes del departamento de Santa Bárbara cuáles han sido los beneficios que la minera les ha dejado después de setenta años de explotación (1948 – 2019); que les pregunten a los 1200 mineros del Mochito por qué ganan menos de la mitad del salario mínimo establecido en el país para esa industria. La verdad es el argumento simple para convencer a los incrédulos y a los indecisos.
Por todo lo anterior, ACI PARTICIPA, reitera su apoyo a quienes de manera pacífica defienden su derecho humano al agua y a un ambiente sano en la comunidad de Guapinol. Condena el evidente montaje de una estrategia de estigmatización, difamación y desprestigio en contra de su liderazgo con el fin de socavar su base y además, justificar lo que ahora es un hecho: su criminalización, judicialización y encarcelamiento. Reconoce como único responsable de lo que sucede en Guapinol, al Estado de Honduras que a través de su gobierno otorgó ilegalmente la concesión minera, ignorando los derechos de la población que está siendo afectada. Finalmente, exige la pronta liberación de los defensores encarcelados y el cese de las acciones de intimidación, acoso y persecución en contra del pueblo de Guapinol.
Tegucigalpa, MDC, 26 de febrero de 2019.
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA.