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La agresión de la policía se realizó contra una estudiante de periodismo que realiza su práctica profesional en el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Kensy Gissel Grandez Durón, quien se encontraba transmitiendo para una página de noticias Conexihon.hn, las incidencias de una manifestación de estudiantes en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
A pesar de las denuncias interpuestas ante autoridades policiales, Ministerio Público y organismos de derechos humanos, aún los familiares de Bautista Salvador no saben nada acerca de su pariente.
Al concluir la visita In loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deja este día al Estado de facto que preside Juan Orlando Hernández, un pliego de 25 recomendaciones, y le hizo ver que hay un descontento generalizado de la población.
“Hoy miembros de la policía Nacional me agredieron con golpes en la cabeza, pateándome, lanzándome bombas lacrimógenas, mientras daba cobertura periodística a la manifestación de los estudiantes de la UNAH, los policías además me quitaron mi celular y me amenazaron. Estas son las consecuencias de un Estado de Facto que no respeta normas y ejerce la fuerza contra sus ciudadanos”.
“Desconozco, nosotros estamos negociando 23 lempiras de rebaja para el combustible. La responsabilidad la toma quien firmo y quienes anduvieron buscando la firma de estos transportista”.
Para el año 2018, la maquila reporta 150 mil empleados, la mayoría mujeres. Sin embargo, es poco probable que siga laborando alguna de las 50 mil jovencitas que ingresaron como operarias hace treinta años. Para ellas, la alegría de “liberarse económicamente” al ganar su propio dinero, se convirtió ahora en angustia de la sobrevivencia.
Simplemente se trata de salir de la lista negra en la que se encuentra Honduras por violar los derechos humanos, han señalado otros sectores de la sociedad civil hondureña.
Los transportistas, entre ellos el presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISH), Víctor Aguilar, asegura que quieren un “beneficio para el que compra arroz, frijoles y azúcar, estamos firmes, no queremos un aumento al pasaje”.
El caso implica 38 funcionarios y ex funcionarios públicos a quienes se les acusa de haber desfalcado 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería –SAG- para ser utilizados en la campaña política de las elecciones de 2013.