La Empresa Campesina Nuevos Horizontes de Quimistán, Santa Bárbara, denunció de estar siendo víctimas de desalojos violentos por parte de un terrateniente, lo que les dejaría millonarias pérdidas económicas al ser destruidos los cultivos que cosechan para la manutención familiar.
“El Estado de Honduras a través de sus autoridades falsea información en el proceso de rendición de cuentas y esto lo decimos porque fue anunciado en Ginebra que ya se había creado una fiscalía especial para defensores y defensoras de derechos humanos, pero la misma no está en funciones, por lo que debemos resaltar es con qué facilidad miente el Estado de Honduras”
Carlos Amador, secretario del Comité Ambientalista del Valle de Siria, acompañado por dos miembros más del comité y del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH,) se apersonaron al Ministerio Público para presentar ante ese ente fiscal una denuncia por amenazas.
Esta acción se desarrolla en la Carretera que conduce al municipio de Marcovia, los manifestantes exigen al actual gobierno la cancelación del contrato a la transnacional Colombiana, Empresa Energía Honduras (EHH).
En la conmemoración de los nueve años de dictadura, un grupo de jóvenes se reunió en la Plaza Cuba, en Tegucigalpa, para pronunciarse contra la opresión y falta de gobernabilidad en el país, pero la reunión terminó con gases lacrimógenos, toletazos y pedradas, que afectó a varios de los manifestantes.
A raíz de estos instrumentos internacionales se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Malos Tratos, CONAPREV, pero el mismo carece de independencia porque está adscrito al Gabinete de Gobernabilidad, según el decreto emitido el 23 de marzo de 2018.
El lunes 18 de junio del año en curso se reportó un accidente vial a la altura de Yamaranguila, Intibucá, debido a estos hechos se planificaron operativos policiales en la zona.
Matute es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización que coordina Martín Fernández, y que ha denunciado una serie de amenazas y ataques contra sus miembros e instalaciones físicas en San Juan Pueblo, municipio de Atlántida.
Tras el fallo emitido el viernes pasado en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, el grupo de organizaciones aglutinadas en esta Mesa considera que la jueza incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, por lo que se procedió a denunciarla ante esta instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el miércoles 06 de junio.